Contralora asegura que funcionó 5 años; la SSP dice que opera normalmente; ex funcionarios sostienen que no sirve desde el 2008.

Diputados responsabilizan a la Auditoría Superior Gubernamental.

Ninguna autoridad sabe a ciencia cierta el estado en que se encuentran los equipos inhibidores de llamadas telefónicas celulares instalados a finales del gobierno anterior en el penal de Atlacholoaya y cárceles distritales: ex servidores públicos aseguran que los bloqueadores dejaron de funcionar en el 2008, la contralora Patricia Mariscal declaró que la empresa cumplió durante cinco años, y la Secretaría de Seguridad Pública dice que los aparatos “funcionan con normalidad”.

Por su parte, los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública responsabilizaron a la Auditoría Superior de Fiscalización de no haberles comunicado ninguna irregularidad en esa compra.

La secretaria de la Contraloría General de Gobierno, Patricia Mariscal Vega, dijo que la empresa Power Print que prestó el servicio de bloqueo de llamadas telefónicas en el sistema penitenciario estatal, cumplió con su contrato durante cinco años, después de ello “parece” que los equipos adolecieron de mantenimiento y dejaron de operar, “pero la verdad es que no hay razones para requerirlos”, sentenció.

Cuestionada vía telefónica al respecto, la funcionaria insistió en que no hay elementos para considerar incumplimiento, porque “por un buen tiempo” trabajó sobre el contrato adquirido. En todo caso, lo que hay que hacer es revisar cuáles son las condiciones actuales de los equipos para ver si pueden volver a funcionar o si se requiere de la contratación de otra empresa.

Destacó que ya se trabaja en relación a un estudio sobre el caso, porque seguramente es necesario continuar con el bloqueo de llamadas de internos al exterior, sobre todo de celulares, pero esto será bajo otras condiciones.

La funcionaria no encontró ninguna irregularidad en que los más de 15 millones de pesos hayan sido pagados a una empresa registrada bajo el giro de “todo tipo de impresos”, que no haya habido licitación previa y que en la dirección dada por la compañía no haya establecimiento comercial alguno.

Patricia Mariscal destacó que el compromiso se cumplió “en términos generales” y no hay bases para poder sustentarles alguna responsabilidad derivada de lo anterior.

Sin embargo, comentó que podría llevarse a cabo una revisión a fin de confirmar qué sirve y qué no sirve, y que no hay nada irregular, y en caso de haberlo, realizar las medidas de corrección que sean pertinentes, estimó Mariscal Vega.

Su respuesta contrasta con la declaración de ex subsecretarios de Readaptación Social que aseguran que el equipo sólo funcionó dos años, y con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado a través del Sistema Infomex que contestó a una solicitud de La Unión de Morelos diciendo que dicho equipo en el penal de Atlacholoaya “funciona con normalidad”.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Fernando Martínez Cué, admitió que los diputados no han sido informados por la Auditoría Superior de Fiscalización sobre esta irregularidad.

“Me enteré a través del reportaje que publicaron ustedes, pero al leerlo me doy cuenta que éste es un asunto muy serio, y creo que lo más correcto es pedirle un informe a la Auditoría”, afirmó.

Agregó que este fraude puede ser de la magnitud de GEMTEL, “pero no quiero adelantar vísperas, mejor pediré a los auditores que nos rindan un informe para conocer detalles”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda, Rabindranath Salazar Solorio, también reconoció no tener conocimiento pleno, pero dijo que esto tendrá que ser informado detalladamente por la ASF.