Era el miércoles 14 de julio de 2016, fecha programada para realizar la última sesión del primer periodo de la LIII Legislatura Local, y la misión estaba perfectamente definida: lograr la aprobación de dos créditos bancarios que sumados dan la cantidad de mil 865 millones de pesos; reformar la Ley del Instituto de Crédito a fin de que el gobernador tuviera el control de esa institución; hacer lo mismo con el Fondo Morelos, y aprobar la privatización del servicio de alumbrado público en todo el territorio morelense.